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En nuestro país, el 28 de febrero de 1977, el Gobierno Nacional dictó el Decreto Nº 659, por el cual queda prohibido toda acción directa o indirectamente relacionada con la Planificación familiar, incluyendo la receta por triplicado en la comercialización
y venta de productos medicinales anticonceptivos.

El 5 de diciembre de 1986, con el advenimiento de la democracia, un nuevo Decreto Presindencial, el Nº 2274, deroga el anterior. Esta disposición legal consagra el derecho de cada persona, cualquiera sea su estado civil, a decidir cuántos hijos desea tener y en qué momento de su vida quiere hacerlo.

El Plan Nacional de Acción y Pacto Federal a favor de la Madre y el Niño, firmado el 9 de mayo de 1994 acuerda que, dentro de los objetivos para la salud materna, "Desarrollar e implementar Programas de Procreación Responsable en todas las jurisdicciones de acuerdo al sistema de valores vigentes".


Los derechos Constitucionales incorporados por este tratado son, entre otros los siguientes:

Art. 10 - Los Estados adoptarán las medidas para asegurar ... inc h) acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre la planificación de la familia.

Art .12 - Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica, inclusive lo que se refieren a la planificación familiar.-

Art. 16 - Los Estados partes, adoptarán todas las medidas para ... y asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: inc. E) los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de hijos el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer esos derechos.

Mediante una investigación sobre pobreza (INDEC, la pobreza urbana en la Argentina, Bs. As. 1990), pudo conocerse que, a fines de los años 80, solo un 43,8 % de las mujeres usaba anticonceptivos en el momento de ser encuestada. Esa proporción era sensiblemente menor entre las pobres y mayor entre las no pobres. Datos hoy sin duda incrementados.

Datos epidemiológicos revelan que en la ciudad de Rosario, el 30 % de los nacimientos asistidos en las maternidades públicas corresponden a madres de 19 años representando esto un riesgo adicional para la salud y desarrollo futuro de la madre y el niño.

Estudios realizados en nuestro país y en el exterior, muestran que la iniciación sexual se destaca como una etapa de vulnerabilidad específica para mujeres y varones dada la significativa carencia de información sistemática y la presencia de estereotipos marcados con relación a los roles de género legitimados, que refuerzan el control masculino y los componentes de subordinación de la mujer.

La muerte de una mujer como consecuencia directa o indirecta del proceso de procreación es un hecho extremadamente penoso y la mayoría de las veces evitable. En la Provincia de Santa Fe, la tasa de mortalidad materna es de 5,3% por 10.000 nacidos vivos, siendo esta tasa para Argentina de un 4,7 % por 10.000 nacidos vivos. Dentro del grupo de causas que producen estas muertes, figura en primer lugar el aborto con el 28,15 5 de los casos. En segundo lugar siguen las causas relacionadas a la atención del parto y del embarazo (23,3% y 23,2% respectivamente). En cuarto lugar, se ubican las complicaciones del puerperio (15,8%).-


La desigualdad de género implica un acceso diferencial a distintos bienes y servicios, entre ellos la atención de la salud, convirtiéndose en un obstáculo para que la mujer pueda alcanzar una mejor calidad de vida.

Es preciso lograr que la mujer pueda ejercer el derecho a disfrutar el más alto nivel posible de salud durante todo su ciclo vital, en pié de igualdad con el hombre. Muchas mujeres ejercen sobre su vida sexual y reproductiva, un control limitado y esto se convierte en una realidad social que tiene efectos perjudiciales sobre su salud.

En el informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijing, firmada por cerca de 200 países, incluida Argentina, se establece que: "La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades y dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícita el derecho del hombre y la mujer a obtener información de planificación de la familia, así como a métodos para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables.".

Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos reconocidos en las leyes nacionales y se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.

La mayoría de las muerte, problemas de salud y lesiones se pueden evitar, mejorando el acceso a servicios adecuados de atención de la salud, incluidos los métodos de planificación familiar.

La aplicación de políticas relacionadas con estos temas, es responsabilidad indelegable del Estado y es así que se entiende la eficiencia social del mismo, para de eso modo, garantizar la accesibilidad y la equidad de la atención. En el marco de esta concepción ha sido concebido este proyecto de ley orientado a la creación de medidas que deben enmarcarse prioritariamente para la protección de la salud de nuestra población, reconociendo esta proyección como un derecho humano fundamental y al mismo tiempo un derecho social inalienable.

Considerando :