El Ejecutivo observó puntos centrales, entre ellos la aprehensión de personas, la ambigüedad de los elementos de defensa personal, la posibilidad de gestionar una orden de allanamiento y hasta el financiamiento. Como contraste, subraya que la Guardia Urbana Preventiva (GUP) “lleva más de dos años de vigencia y desarrolla una laboriosa tarea diaria”. “La ordenanza 4837 es inconstitucional”, afirma el decreto.
Con una serie de sólidos argumentos, el Ejecutivo municipal vetó en su totalidad la ordenanza 4837/16 sancionada por el Concejo, que crea una Guardia Urbana Municipal (GUM), la que tendrá como funciones la colaboración en la prevención del delito, faltas y contravenciones en todas sus formas, que se cumplirán en coordinación con la Policía provincial, Gendarmería Nacional y demás fuerzas de seguridad con actuación en el territorio.
En los considerandos del veto (decreto 232/16) se observa que Venado ya cuenta con una Guardia Urbana Preventiva (GUP), creada por decreto 134/14, que incluso cuenta con un vehículo para su desplazamiento autorizado por el mismo Concejo. Los mismos argumentos referidos a la “prevención y resolución de situaciones”, en atención al logro de una “armonía entre los vecinos de la ciudad”, ya fueron contemplados por el Ejecutivo al momento de creación de la GUP, que “lleva más de dos años de vigencia y desarrolla una laboriosa tarea diaria”.
Pero el eje central de las observaciones está puesto en sus funciones “preventivas y disuasorias”, que se consideran contrarias a la norma. En efecto, entre las atribuciones que tendrían los agentes de la GUP se cuenta la posibilidad de aprehensión a personas en flagrante delito para ser entregadas inmediatamente a la fuerza de seguridad correspondiente.
“La pregunta que surge inmediatamente es: ¿cómo un agente municipal, capacitado para disuadir a personas que no observan un comportamiento adecuado a las leyes, pueden enfrentarse a quien está en ese momento realizando un acto que las normas de fondo califican como `delito´? ¿Y si el presunto delincuente se encuentra armado, cómo se defendería el guardián?”, se pregunta el decreto 232/16.
Portación de armas
En la misma línea, cuestiona que la ordenanza local, que toma normativa de otras localidades, no expresa a diferencia de aquellas la imposibilidad de portación de armas de los guardianes, aunque dispongan de un elemento de defensa personal. “¿Qué debe entenderse por tal? ¿Un garrote? ¿Una cachiporra? ¿O tal vez un arma de fuego? Sólo en tal inteligencia se puede sostener que agentes municipales, los que -se reitera- tienen funciones preventivas y disuasorias, puedan `aprehender´ a quien, presuntamente, es encontrado in fraganti -situación que se describe en el artículo 5 de la ordenanza 4837-, que no difiere de las disposiciones de las leyes de fondo”.
La práctica de registros domiciliarios, como necesidad de los guardianes, también merece otra objeción, ya que según este proyecto el director general de la GUM puede solicitar al tribunal competente “orden de allanamiento”.
“¿Qué entienden por persuasión y disuasión quienes votaron afirmativamente esta normativa? Continuando en el análisis de este acápite, y teniendo en cuenta la tajante proposición plasmada -en su artículo 30-, no cabe más que concluir que la presunta GUM no es más que una policía local disfrazada y con algunos `maquillajes´ para su enmascaramiento”, afirma el decreto del Ejecutivo.
Uso de fuerza pública
Más adelante plantea la inconstitucionalidad de la ordenanza 4837, recordando que “nuestra organización constitucional santafesina reserva el uso de la fuerza pública de seguridad a la autoridad provincial. Mal que nos pese a todos los habitantes de la provincia de Santa Fe, hasta tanto no sea reformada la Carta Magna -viejo anhelo local por el cual bregaremos hasta lograrlo- los municipios y comunas tienen atribuciones muy limitadas; más aún, si se las compara con las que ostentan otras ciudades de la mayoría de las provincias argentinas”.
Finalmente, ataca la norma en cuanto a sus fuentes de financiamiento específicas, ya que afecta el 5% de los recursos obtenidos en concepto de DRI en todas sus alícuotas, suma que se estima en 10 millones de pesos anuales, los que supuestamente deben alcanzar para satisfacer los haberes de al menos 99 efectivos y del director general de la GUM, los gastos de capacitación de los futuros guardianes y cánones locativos para once dependencias de acuerdo a los puntos fijos estipulados, más erogaciones en equipamiento y mantenimiento.
Fuente: Dirección de Asuntos Legislativos
Foto ilustrativa:Móvil de la guardia urbana preventiva, con más de dos años de vigencia