Este lunes en Venado Tuerto se llevó adelante un nuevo operativo en el marco de la Ley de Microtráfico con el derribo de un inmueble utilizado para la venta de estupefacientes. La intervención tuvo lugar en un domicilio ubicado en Pavón 568 y significó la inactivación del búnker número 100 en toda la provincia de Santa Fe.

El operativo fue encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto al intendente Leonel Chiarella, y se concretó a partir de una denuncia realizada de manera conjunta entre el Municipio, el coordinador regional del Ministerio de Seguridad y Justicia, Nahuel Pasquinelli, y la senadora provincial Leticia Di Gregorio, a lo que se sumó información aportada por vecinos a través del Buzón de la Vida.

“Este es un mensaje muy claro: a los narcos y a los que venden droga los queremos presos y que los barrios estén tranquilos”, apuntó el mandatario.

En ese marco, Chiarella explicó que la implementación de la Ley de Microtráfico permitió acelerar las investigaciones y avanzar con mayor rapidez en este tipo de causas, para luego recordar que la política de derribos se aplica en todo el territorio santafesino y que el búnker número 98 fue inactivado en Capitán Bermúdez y el número 99 en la localidad de Frontera.

Sobre el caso de Venado Tuerto, detalló que en el inmueble “se vendía droga, se utilizaba a menores para vender y se llevaba adelante toda esta operatoria ilegal”, y precisó que los responsables, David Reche, de 34 años, y Alejandra Patricia Tiseira, de 48, se encuentran detenidos junto a otras seis personas.

En relación al rol de los vecinos, Chiarella remarcó que “si la gente aporta información en los Buzones de la Vida es porque confía en que después van a pasar cosas, como allanamientos, detenciones y derribos de búnker”, y señaló que desde el Municipio esa información se transforma en denuncias formales “con nombre y apellido de quienes venden y distribuyen droga en los distintos sectores de la ciudad”.

Además, valoró la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro, el trabajo del ministro Pablo Cococcioni y la tarea del Ministerio Público de la Acusación, con especial mención al fiscal Iván Raposo por su intervención en esta causa y en otras vinculadas al narcomenudeo en la ciudad. También adelantó que existen otros inmuebles en proceso judicial para solicitar su derribo, aunque aclaró que no se pueden brindar direcciones hasta que las medidas estén avaladas por la Justicia.

La actividad contó con la presencia de funcionarios del Gobierno de Santa Fe, fiscales del Ministerio Público de la Acusación y representantes del Municipio local, y se enmarca en un trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado que permitió alcanzar, en menos de dos años, cien intervenciones en toda la provincia.