Se renueva la demanda de recursos humanos y materiales para las fuerzas de seguridad
Tras la reunión que días atrás mantuvieron las autoridades municipales y las fuerzas de seguridad en el Centro Integrador Comunitario (CIC) con vecinalistas y vecinos del barrio Santa Fe, esta semana se repitió el encuentro con la presencia del fiscal regional Alejandro Sinópoli, el fiscal adjunto de Venado Tuerto, Juan Pablo Lavini Rosset; representantes del Juzgado de Menores y funcionarios de la Secretaría de Gobierno local, cuyo responsable, Jorge Lagna, manifestó que la conclusión se reitera y apunta a la falta de recursos humanos y materiales de las fuerzas de seguridad para prevenir el delito en un sector donde los vecinos sospechan de la identidad de los victimarios, pero no son afectos a realizar denuncias.
“Nos sorprendió la cantidad de gente que se sumó a la reunión y nos preocupa el hastío de vivir temerosos de convertirse en cualquier momento en víctimas de robos, ya sea cuando salen hacia sus trabajos o en horario nocturno, cuando sienten el paso de desconocidos por sus patios, saltando tapiales, violentando puertas y ventanas. Ellos señalan como posibles sospechosos a cuatro o cinco personas que viven en las cercanías, algunos de los cuales son menores. La paradoja es que no hubo denuncias en los tribunales”, señaló Lagna. Y agregó que los vecinos acordaron en la necesidad de continuar realizando reuniones con las autoridades, donde cada parte explica su rol y responsabilidad en el servicio de la seguridad.
En la oportunidad, el fiscal regional Sinópoli los invitó a plantear sus inquietudes al Ministerio Público de la Acusación (MPA), y el representante del Juzgado de Menores explicó los alcances de las leyes penales para los menores, que son distintas a las que se aplican a los mayores. “Los vecinos se muestran enojados y cansados de tantos robos, y si bien reconocen y valoran los patrullajes de Gendarmería, piden respuestas sobre la libertad de los menores, la reiteración de los hechos de parte de los mismos protagonistas, si el Estado les puede garantizar la tranquilidad perdida, cuestiones que por otra parte se reiteran en otros sectores de la ciudad en mayor o menor medida”, recordó Lagna.
Ampliando su análisis, el funcionario municipal consideró que “tanto los ministerios de Seguridad y de Justicia, como el senador (Lisandro) Enrico deben sincerarse con la población y no prometer soluciones mágicas o presentar proyectos demagógicos, como la creación de una guardia urbana de 120 empleados municipales para que, desarmados, persigan a delincuentes armados. Y digo esto porque estos esfuerzos deberían orientarse a la Provincia y pedir que traigan más policías, más móviles y más equipamiento”, subrayó.
Inversión municipal
Seguidamente, el secretario de Gobierno aclaró que en la Constitución Nacional, el rol de la seguridad le compete a la Provincia, y que igual desde el Estado municipal invierte en Guardia Urbana, cámaras de seguridad y en contención social; y los delitos federales como el narcotráfico le corresponde a la Nación. “El Juzgado Federal en la ciudad será un gran avance en la lucha contra los kioscos de droga, del cual el Municipio se hizo cargo del alquiler del edificio donde funcionará”, manifestó Lagna, y explicó que hasta el momento esos temas los trata un juez de Rosario, y que para ellos el narcomenudeo es insignificante con respecto a lo que sucede en la gran ciudad. “A veces nos enojamos de las propuestas marketineras, cuando en realidad debería preocuparse el senador (Enrico) en gestionar más policías, móviles y equipamiento”, reiteró.
“El tema de la seguridad es muy serio y no se puede banalizar, como será que nos llegan currículum para la Guardia Urbana enviados por el concejal Leonel Chiarella, es una irresponsabilidad de su parte jugar con la ilusión de la gente”, puntualizó el secretario de Gobierno.
La justicia
Lagna recordó que el peso del Código Penal descansa en la investigación que debe llevar adelante el MPA, que al menos en esta Circunscripción debe actuar más con esfuerzo que con recursos, precisando que “para una ciudad de 120 mil habitantes hay tres fiscales que deben investigar y tramitar un promedio de 2 mil causas anuales, y cada uno de esos funcionarios tiene un solo asistente. Entonces, más allá del esfuerzo y el compromiso de los funcionarios y de los ocho integrantes de la PDI, no alcanzan a dar satisfacción a la demanda de los vecinos afectados por hechos ilícitos”, detalló.
Más adelante recordó que aún no está nombrado el bioquímico y que Criminalística cuenta con recursos básicos, todo lo cual termina atentando contra las investigaciones, cuando el sospechoso no se detiene in fraganti o no hay testigos.
“Seguiremos reuniéndonos y brindando todo el apoyo que esté a nuestro alcance a los vecinos, con nuestro equipo de contención de las víctimas, pero no queremos asumir roles que no nos competen”, sostuvo el funcionario.
Fuente: Diario El Informe- Prensa MVT
Fotos archivo:
1. Jorge Lagna
2. Reunión de vecinos por seguridad