Author: Fernando Cuello (Fernando Cuello)

Segunda tanda de ventas

La segunda tanda de venta de terrenos municipales para pagar la deuda con la Sindicatura del ex Banco Integrado Departamental (BID) arrojó ingresos por alrededor de 3,5 millones de pesos, que se suman a los más de ocho millones obtenidos en primera instancia. En tanto, está abierta la posibilidad de presentar ofertas por los lotes remanentes, en lo que será la tercera apertura de sobres.
La Municipalidad de Venado Tuerto inició el proceso de venta de 93 terrenos para pagar la deuda histórica correspondiente a juicios que tienen sentencia firme y ante los embargos que empezó a recibir. El 22 de septiembre último se realizó la primera apertura de sobres con ofertas, efectuándose la venta de 23 lotes por un valor de 8,3 millones de pesos. Ya se encuentra depositada la mitad de ese importe y están iniciados los trámites de escrituración, que se llevan adelante con diferentes escribanos locales. Al momento de concretarse ese trámite, los compradores deben desembolsar el 50 por ciento restante.
En tanto, el 11 de noviembre se concretó la segunda apertura de sobres, donde se recibieron 31 ofertas, que redundaron en la venta de siete lotes por un monto aproximado de 3,5 millones de pesos, luego de cumplimentarse las distintas etapas del proceso de adjudicación.
De esta manera, una vez que se complete la escrituración, el Municipio tendrá más de 11 millones de pesos recaudados para deshacerse de su deuda más apremiante, que se pagará a través de un convenio de cuotas firmado con la Sindicatura.
Para la tercera tanda de venta todavía no está fijada la fecha de apertura de sobres, pero los interesados se pueden acercar a la oficina municipal de Asuntos Jurídicos, donde obtendrán información sobre los terrenos disponibles y la metodología de venta.
El mes pasado el Municipio de Venado Tuerto firmó el acuerdo con la Sindicatura del ex BID para el pago de la deuda e intereses por un monto superior a 36 millones de pesos, que luego fue aprobado por el Concejo por unanimidad, cerrando una etapa iniciada hace más de 25 años. A eso se deben agregar los honorarios de los abogados.
El plazo de pago será en 10 cuotas iguales, cuyo primer vencimiento opera el 28 de febrero de 2017 y luego será por períodos trimestrales consecutivos; mientras que el importe de cada cuota será la décima parte del monto que surja de la consolidación, a lo que se sumará un interés compensatorio.

Fuente: Diario El Informe
Foto ilustrativa (archivo): Segunda apertura de sobres, el pasado 11 de noviembre

El secretario de Gobierno, Jorge Lagna, comentó que busca consensuarse con la Asociación de Trabajadores Municipales (ATM) un esquema para definir cómo se abonará el bono compensatorio de 2.800 pesos, no remunerativo, para los empleados de todas las categorías, tal lo acordado en la reunión del sábado último en la capital provincial entre representantes de la Festram y de municipios y comunas, y que desactivó el paro previsto para lunes y martes de esta semana.
Tras evaluar la posibilidad de pago de las distintas obligaciones del Municipio en diciembre, como sueldos, aguinaldos y parte del bono, el funcionario sostuvo que la reunión del sábado “fue algo sorpresiva y bastante informal la convocatoria de municipios y comunas, con una gran presión de Rosario”, indicando que “se firmó un acta con algunos miembros paritarios suplentes para completarla, lo cual resulta extraño, porque se podría haber arreglado en la reunión del jueves, ya que no cambiaron mucho las condiciones”.
Cabe recordar que como resultado de este encuentro del fin de semana, la Federación Santafesina de Trabajadores Municipales (Festram) y el conjunto de municipios y comunas acordaron el pago de un bono de 2.800 pesos, que se deberá abonar en dos cuotas, en principio sería diciembre y enero, aunque se dejó abierta la posibilidad de llegar a un entendimiento en cada jurisdicción.
“En Venado tenemos una buena relación con el gremio local (ATM), siempre abiertos a la negociación, por lo cual buscaremos acordar las fechas de pago para que se pueda cumplir”, precisó. Y añadió: “Al menos hasta los primeros días de enero vamos a tener tranquilidad, es decir que vamos a poder disfrutar un fin de año en paz”, subrayó.
Asimismo, el secretario de Gobierno reclamó a la Provincia que “cumpla con celeridad” con su “obligación legal de abonar el 50 por ciento del Fondo de Obras Menores para gastos corrientes, que tiene la autorización del Concejo y significa una suma muy importante para cumplir con los compromisos de fin de año”.
Por lo pronto, y con gran esfuerzo de la gestión del intendente José Freyre, los haberes corrientes de todas las categorías municipales están disponibles a partir del 8 de diciembre.

Fuente: Diario El Informe- Prensa MVT
Foto ilustrativa (archivo): Reunión entre funcionarios municipales y dirigentes de la ATM

El Ejecutivo observó puntos centrales, entre ellos la aprehensión de personas, la ambigüedad de los elementos de defensa personal, la posibilidad de gestionar una orden de allanamiento y hasta el financiamiento. Como contraste, subraya que la Guardia Urbana Preventiva (GUP) “lleva más de dos años de vigencia y desarrolla una laboriosa tarea diaria”. “La ordenanza 4837 es inconstitucional”, afirma el decreto.
Con una serie de sólidos argumentos, el Ejecutivo municipal vetó en su totalidad la ordenanza 4837/16 sancionada por el Concejo, que crea una Guardia Urbana Municipal (GUM), la que tendrá como funciones la colaboración en la prevención del delito, faltas y contravenciones en todas sus formas, que se cumplirán en coordinación con la Policía provincial, Gendarmería Nacional y demás fuerzas de seguridad con actuación en el territorio.
En los considerandos del veto (decreto 232/16) se observa que Venado ya cuenta con una Guardia Urbana Preventiva (GUP), creada por decreto 134/14, que incluso cuenta con un vehículo para su desplazamiento autorizado por el mismo Concejo. Los mismos argumentos referidos a la “prevención y resolución de situaciones”, en atención al logro de una “armonía entre los vecinos de la ciudad”, ya fueron contemplados por el Ejecutivo al momento de creación de la GUP, que “lleva más de dos años de vigencia y desarrolla una laboriosa tarea diaria”.
Pero el eje central de las observaciones está puesto en sus funciones “preventivas y disuasorias”, que se consideran contrarias a la norma. En efecto, entre las atribuciones que tendrían los agentes de la GUP se cuenta la posibilidad de aprehensión a personas en flagrante delito para ser entregadas inmediatamente a la fuerza de seguridad correspondiente.
“La pregunta que surge inmediatamente es: ¿cómo un agente municipal, capacitado para disuadir a personas que no observan un comportamiento adecuado a las leyes, pueden enfrentarse a quien está en ese momento realizando un acto que las normas de fondo califican como `delito´? ¿Y si el presunto delincuente se encuentra armado, cómo se defendería el guardián?”, se pregunta el decreto 232/16.
Portación de armas
En la misma línea, cuestiona que la ordenanza local, que toma normativa de otras localidades, no expresa a diferencia de aquellas la imposibilidad de portación de armas de los guardianes, aunque dispongan de un elemento de defensa personal. “¿Qué debe entenderse por tal? ¿Un garrote? ¿Una cachiporra? ¿O tal vez un arma de fuego? Sólo en tal inteligencia se puede sostener que agentes municipales, los que -se reitera- tienen funciones preventivas y disuasorias, puedan `aprehender´ a quien, presuntamente, es encontrado in fraganti -situación que se describe en el artículo 5 de la ordenanza 4837-, que no difiere de las disposiciones de las leyes de fondo”.
La práctica de registros domiciliarios, como necesidad de los guardianes, también merece otra objeción, ya que según este proyecto el director general de la GUM puede solicitar al tribunal competente “orden de allanamiento”.
“¿Qué entienden por persuasión y disuasión quienes votaron afirmativamente esta normativa? Continuando en el análisis de este acápite, y teniendo en cuenta la tajante proposición plasmada -en su artículo 30-, no cabe más que concluir que la presunta GUM no es más que una policía local disfrazada y con algunos `maquillajes´ para su enmascaramiento”, afirma el decreto del Ejecutivo.

Uso de fuerza pública
Más adelante plantea la inconstitucionalidad de la ordenanza 4837, recordando que “nuestra organización constitucional santafesina reserva el uso de la fuerza pública de seguridad a la autoridad provincial. Mal que nos pese a todos los habitantes de la provincia de Santa Fe, hasta tanto no sea reformada la Carta Magna -viejo anhelo local por el cual bregaremos hasta lograrlo- los municipios y comunas tienen atribuciones muy limitadas; más aún, si se las compara con las que ostentan otras ciudades de la mayoría de las provincias argentinas”.
Finalmente, ataca la norma en cuanto a sus fuentes de financiamiento específicas, ya que afecta el 5% de los recursos obtenidos en concepto de DRI en todas sus alícuotas, suma que se estima en 10 millones de pesos anuales, los que supuestamente deben alcanzar para satisfacer los haberes de al menos 99 efectivos y del director general de la GUM, los gastos de capacitación de los futuros guardianes y cánones locativos para once dependencias de acuerdo a los puntos fijos estipulados, más erogaciones en equipamiento y mantenimiento.

Fuente: Dirección de Asuntos Legislativos
Foto ilustrativa:Móvil de la guardia urbana preventiva, con más de dos años de vigencia